El nuevo Código de los Niños y Adolescentes

Libertad bajo palabra

Teresa Carpio Villegas Especialista en derechos de la niñez El nuevo Código de los Niños y Adolescentes 01-09-2012 Un nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes se hace necesario después de 22 años de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional firmado y ratificado por el estado peruano. El tratar a los niños y niñas como personas con dignidad, como seres humanos con derechos, incluido el de la participación en todos los temas que les conciernen, son los paradigmas que marcaron un antes y un después de la Convención. El origen de este instrumento legal fue la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la organización internacional Save the Children. Es decir, tuvo que pasar un periodo de 65 años desde la primera declaración sobre Derechos del Niño para que los gobiernos se convencieran de que los niños y niñas son ciudadanos y sujetos de derechos al igual que los adultos. Una vez adoptada la Convención, Perú aprobó relativamente rápido el Código de los Niños y Adolescentes de 1992 que pasó a reemplazar al entonces vigente Código de Menores de 1962, superando de esta manera la conocida Doctrina de la Situación Irregular. Sin embargo, es evidente que su aprobación no modificó la visión proteccionista y tutelar en amplios sectores de la sociedad peruana sobre la niñez. Como si nada hubiera pasado en el mundo en relación a los enfoques sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas, sobre el rol de los padres como guías y educadores y no como propietarios de los niños a su cuidado, sobre la prohibición expresa al castigo físico y humillante por parte de 25 estados en el mundo y dos proyectos de ley, en ese sentido, presentados consecutivamente por dos ministras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso aprobó un Dictamen proponiendo un nuevo Código de los Niños y Adolescentes, sin tomar en cuenta los avances mencionados. Al igual que sucedió con la Convención, la discusión de un nuevo Código está tomando muchos años en nuestro país. Previo a este dictamen, una comisión de expertos en materia de niñez y adolescencia - conformada por representantes del Estado, de la sociedad civil, organismos internacionales - propuso un proyecto de Ley con un nuevo Código que sí recogía los cambios a nivel global y en el propio país en cuanto a los derechos progresivos de niños, niñas y adolescentes. La propuesta de la Comisión fue tomada por el Congreso; sin embargo, la Comisión de Justicia y DDHH pasada se voló de un plumazo el buen trabajo realizado anteriormente. Las antiguas visiones tutelares y proteccionistas con respecto a la niñez y un desconocimiento de la realidad del país caracterizan esta nueva propuesta, que probablemente contó con la muy buena voluntad de algunos de los miembros de la ex Comisión de Justicia, pero que no puede pasarse por alto porque muestra, por un lado, que el debate sobre los antiguos enfoques sobre “qué es un niño y una niña” no han terminado y explica el por qué todavía muchos derechos de la niñez no se hacen realidad. Limitar la participación de niños, niñas y adolescentes en la discusión y aprobación de los Presupuestos Participativos Municipales, así como cuestionar la existencia de los Consejos consultivos que existen a nivel del gobierno central, regional y local, y pretender restringir la participación de la niñez en los espacios del hogar y la escuela es, precisamente, la principal crítica que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha hecho al estado peruano en sus últimas Recomendaciones. Negar la existencia de la niña en el texto bajo el pretexto de economizar palabras y que está permitido por la Real Academia de la Lengua ya que por “niño” también estamos comprendiendo a la niña es ir contra la Ley de Igualdad de Oportunidades del país, y, nuevamente, contra las Recomendaciones del Comité de la imperiosa necesidad de visibilizar a la niña en todas las políticas públicas. No considerar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a los adolescentes, salvo que los padres lo autoricen, cuando un porcentaje sumamente alto está comenzando sus experiencias sexuales a los 12 años es negar, una vez más la realidad: tenemos unas de las mayores tasas de embarazo adolescente en la región. Otra preocupación es la no prohibición explícita al castigo físico y humillante contra los niños y niñas, forma de violencia generalizada, y que se mantenga, como en el actual Código, el permiso para que los padres corrijan a sus hijos en vez de promover una educación por el buen trato y la disciplina positiva. La dignidad de los niños y niñas, y el goce pleno de sus derechos no puede ser una vez más condicionados por visiones que pretenden retroceder en el tiempo como forma de solución a los problemas. El actual Congreso de la República tiene en sus manos la decisión de avanzar o retroceder en materia de Derechos del Niño, y esperamos que el próximo paso sea hacia adelante. En Ideeleradio, fuente: http://www.ideeleradio.org.pe/web/wColumDT.php?idEsc=69