Niñas y Adolescentes explotadas sexualmente en La Rinconada, Puno

Reportaje de PERU21: "Más de 1,500 menores son víctimas de explotación sexual en la Rinconada", en Puno.

Una investigación realizada por Poder Ciudadano reveló la situación que afrontan más de 1,500 menores de edad que son explotadas sexualmente por organizaciones criminales asentadas en el poblado de La Rinconada,Puno, cuya población se dedica, en su mayoría, a la extracción minera.

De acuerdo con el reportaje, organizaciones de trata de personas mantienen secuestradas a menores de entre 15 y 17 años, quienes son utilizadas como “imanes humanos” para atraer a los mineros que “han hecho de la práctica de sexo con menores y del alcohol, un mito para conseguir oro”, señala el informe.

Conforme a las cifras que maneja la Policía Nacional, apróximadamente el 50% de las menores de edad, que son llevadas a La Rinconada con engaños, provienen de Bolivia, el otro porcentaje restante es de nacionalidad peruana.

De acuerdo con Zarela Pineda, consejera de la Región Puno, pese a la gravedad de este problema “es como si estuviera invisible porque no se ha abordado con medidas concretas para erradicar el flagelo de trata de personas. El hecho es que nuestra región, con su pecularidad de la extracción minera, hace que este peligro sea grave”.

La Rinconada es un pueblo ubicado en la falda del nevado que lleva su mismo nombre, a 5,500 msnm, en Puno. El 90% de la población vive de la extracción del oro de forma artesanal, el otro 10% se dedica al comercio.

Por su parte, José Mamani Yucra, alcalde de ese centro poblado, justificó la práctica ilegal a la que calificó como una “costumbre de los hermanos mineros, de manera jocosa dicen que si no tengo mujeres no aflora el oro”.

La inacción de las autoridades locales ha suscitado que en 2012 y en lo que va del año haya sido imposible rescatar a las menores sometidas a estas mafias. Erika Puma, representante de la Defensoría del Pueblo señaló que “no hay interés de las instituciones, hay pasividad. Las víctimas que se han salvado son pocas respecto a lo que se sabe que existen”.

MINISTRA DE LA MUJER SE PRONUNCIA
“Habiendo tomado conocimiento de esta investigación, he enviado un escrito al fiscal de la Nación (José Peláez) solicitándole que inicie una investigación en La Rinconada. Estamos hablando de un delito grave (…) y al hablar de menores de edad la condena puede ser de hasta 25 años de pena privativa de la libertad”, dijo la ministra de la Mujer, Ana Jara.

Añadió que el reportaje “será remitido al grupo de trabajo multisectorial permanente liderado por el Ministerio del Interior” para que este grupo, que ve el tema de trata de personas, tome acciones de acuerdo a su competencia”.

Vía PERU21: http://peru21.pe/actualidad/investigaran-trata-menores-rinconada-2118337

Mujeres refugiadas en Reino Unido, víctimas de violencia sexual, aún tienen esperanzas

One Billion Rising: moving to end violence against women

 

Women for Refugee Women support One Billion Rising - video

Half of all women who seek asylum in the UK have been victims of rape. The Women for Refugee Women charity demands justice for women and supports One Billion Rising as part of its mission to empower women who have sought sanctuary in the UK to speak out about their own experiences – and give a voice to women who are all too often unheard and unseen.

Vía The Guardian: http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/the-womens-blog-with-jane-martinson/2013/jan/21/one-billion-rising-violence-women?CMP=twt_gu 

Eve Ensler's plans for an international day of action to combat violence against women this 14 February has already achieved several things, not least a sense of solidarity among those who seek to join in, wherever they may be in the world. This solidarity is long overdue.

For too long the women's movement has not worked effectively across borders. Too often, some western feminists have occupied a position of cultural superiority – my dear, those poor Indian victims of acid attacks, those poor Somali girls with their practices of genital mutilation, those poor Muslim women all hidden in their hijabs. Meanwhile, other western feminists have fallen into positions of cultural relativism – who are we to speak for Muslims, for Indians, for Somali women? Their experiences may not be about sexual inequality, but about religion, about caste, about culture; we cannot afford to speak about any experience beyond the borders of our own country, or even our own life.

But the debate that is gaining ground now is based neither on superiority or on relativism. Alongside concern about the gang-rape in Delhi, we have seen growing discussion about how sexual assault too often goes unpunished in the UK too. Alongside reportage of sexual violence in Syria has been increased engagement with how young men in the UK can be educated to become more respectful of women. The specificity of different situations is being addressed, together with a recognition that this phenomenon of violence against women crosses borders. The many events planned for One Billion Rising across the globe showcase this growing sense of solidarity and remind women in many different countries of our shared experiences and our shared strengths.

I am made constantly aware of how violence against women crosses borders because of the work I do with refugee women in the UK. Women for Refugee Women published a report last year showing that half of the women who seek asylum in the UK have been raped, and two thirds have experienced gender-related persecution in one way or another, such as trafficking for forced prostitution or female genital mutilation.

The women who make contact with Women for Refugee Women have often survived extreme persecution of this kind; they may have been tortured and raped by armed police, they may have been forced into prostitution, they may be trying to save their daughters from the fate they have suffered. Yet at the same time many of them are keen to speak out and campaign for more equal futures.

The short film we have made for One Billion Rising shows some of the refugee women we work with, their songs and their dances. I hope it shows others what I see every day I go to work, that if we are genuinely to move to a more equal future we must recognise the courage of women across the world. Feminism is about a lot more than trading insults on Twitter; it is a movement that has already transformed lives and will continue to do so if we work together.

Watching the films that other women and men have made about their decisions to take part in this day of action, and hearing about the diverse events that are planned, is very heartening for those who long to see a safer world for women. Of course, One Billion Rising is not an end in itself. It is a marker and a stepping stone, a marker of where we are now, and a stepping stone to a future of greater solidarity and hope.

En Perú, los ex presidentes no se salvan de ser investigados!!

Kausa Justa: Ministerio Público promueve investigación contra e...: Compartimos resolución del Ministerio Público que acuerda promover investigación contra el Ex Presidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado (Vía Kausa Justa)

Min Público inicia investigación contra Alan García Perez by sofiabloem

Claus Roxin

Claus Roxin: O que me perturbava eram os crimes do nacional socialismo. Achava que quem ocupa posição dentro de um chamado aparato organizado de poder e dá o comando para que se execute um delito, tem de responder como autor e não só como partícipe, como queria a doutrina da época.

Artículo completo (Folha de Sao Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/77459-participacao-no-comando-de-esquema-tem-de-ser-provada.shtml):

Entrevista Claus Roxin

El nuevo Código de los Niños y Adolescentes

Libertad bajo palabra

Teresa Carpio Villegas Especialista en derechos de la niñez El nuevo Código de los Niños y Adolescentes 01-09-2012 Un nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes se hace necesario después de 22 años de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional firmado y ratificado por el estado peruano. El tratar a los niños y niñas como personas con dignidad, como seres humanos con derechos, incluido el de la participación en todos los temas que les conciernen, son los paradigmas que marcaron un antes y un después de la Convención. El origen de este instrumento legal fue la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la organización internacional Save the Children. Es decir, tuvo que pasar un periodo de 65 años desde la primera declaración sobre Derechos del Niño para que los gobiernos se convencieran de que los niños y niñas son ciudadanos y sujetos de derechos al igual que los adultos. Una vez adoptada la Convención, Perú aprobó relativamente rápido el Código de los Niños y Adolescentes de 1992 que pasó a reemplazar al entonces vigente Código de Menores de 1962, superando de esta manera la conocida Doctrina de la Situación Irregular. Sin embargo, es evidente que su aprobación no modificó la visión proteccionista y tutelar en amplios sectores de la sociedad peruana sobre la niñez. Como si nada hubiera pasado en el mundo en relación a los enfoques sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas, sobre el rol de los padres como guías y educadores y no como propietarios de los niños a su cuidado, sobre la prohibición expresa al castigo físico y humillante por parte de 25 estados en el mundo y dos proyectos de ley, en ese sentido, presentados consecutivamente por dos ministras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso aprobó un Dictamen proponiendo un nuevo Código de los Niños y Adolescentes, sin tomar en cuenta los avances mencionados. Al igual que sucedió con la Convención, la discusión de un nuevo Código está tomando muchos años en nuestro país. Previo a este dictamen, una comisión de expertos en materia de niñez y adolescencia - conformada por representantes del Estado, de la sociedad civil, organismos internacionales - propuso un proyecto de Ley con un nuevo Código que sí recogía los cambios a nivel global y en el propio país en cuanto a los derechos progresivos de niños, niñas y adolescentes. La propuesta de la Comisión fue tomada por el Congreso; sin embargo, la Comisión de Justicia y DDHH pasada se voló de un plumazo el buen trabajo realizado anteriormente. Las antiguas visiones tutelares y proteccionistas con respecto a la niñez y un desconocimiento de la realidad del país caracterizan esta nueva propuesta, que probablemente contó con la muy buena voluntad de algunos de los miembros de la ex Comisión de Justicia, pero que no puede pasarse por alto porque muestra, por un lado, que el debate sobre los antiguos enfoques sobre “qué es un niño y una niña” no han terminado y explica el por qué todavía muchos derechos de la niñez no se hacen realidad. Limitar la participación de niños, niñas y adolescentes en la discusión y aprobación de los Presupuestos Participativos Municipales, así como cuestionar la existencia de los Consejos consultivos que existen a nivel del gobierno central, regional y local, y pretender restringir la participación de la niñez en los espacios del hogar y la escuela es, precisamente, la principal crítica que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha hecho al estado peruano en sus últimas Recomendaciones. Negar la existencia de la niña en el texto bajo el pretexto de economizar palabras y que está permitido por la Real Academia de la Lengua ya que por “niño” también estamos comprendiendo a la niña es ir contra la Ley de Igualdad de Oportunidades del país, y, nuevamente, contra las Recomendaciones del Comité de la imperiosa necesidad de visibilizar a la niña en todas las políticas públicas. No considerar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a los adolescentes, salvo que los padres lo autoricen, cuando un porcentaje sumamente alto está comenzando sus experiencias sexuales a los 12 años es negar, una vez más la realidad: tenemos unas de las mayores tasas de embarazo adolescente en la región. Otra preocupación es la no prohibición explícita al castigo físico y humillante contra los niños y niñas, forma de violencia generalizada, y que se mantenga, como en el actual Código, el permiso para que los padres corrijan a sus hijos en vez de promover una educación por el buen trato y la disciplina positiva. La dignidad de los niños y niñas, y el goce pleno de sus derechos no puede ser una vez más condicionados por visiones que pretenden retroceder en el tiempo como forma de solución a los problemas. El actual Congreso de la República tiene en sus manos la decisión de avanzar o retroceder en materia de Derechos del Niño, y esperamos que el próximo paso sea hacia adelante. En Ideeleradio, fuente: http://www.ideeleradio.org.pe/web/wColumDT.php?idEsc=69

Ending the ‘comfort women’ euphemism

What are the right words to describe Asian women who were forced into sex slavery for Japanese troops during World War II? Should they be called former “comfort women” as they have been so far, or be referred to as just “sex slaves?” 

The terminology has become a new point of contention in the long-standing controversy over Japan’s wartime sex crimes, creating a subtle rift between Japan and its key ally the U.S. 

It started Monday with a news report that U.S. State Secretary Hillary Clinton ordered the use of the term “enforced sex slaves” instead of the euphemism in her department. U.S. officials neither confirmed nor denied the report. 

Civil activists from Asian countries participate in a weekly rally in front of the Japanese Embassy in Seoul on Wednesday in support of women who were forced into sex slavery for Japanese soliders during World War II. (Yonhap News)

The next day, Japanese Foreign Minister Koichiro Gemba told reporters that officials were verifying whether Clinton really did give the order to change the terminology. 

“If that is confirmed, I will tell her that it is an incorrect expression and explain to her the steps that we have taken, including an apology by the prime minister and the creation of a fund to support women in Asia in order to help comfort women,” he said.

A separate news report suggested Wednesday that Japan has ordered its diplomats in the U.S. to step up efforts to block the planned construction of monuments there for the victims of Japan’s forced sex slavery by Korean-American groups. 

The issue of the victims has been highly controversial, hindering diplomatic ties between Seoul and Tokyo for years. Korean groups claim that thousands of women from Korea, China and the Philippines were drafted to serve as sex slaves for Japanese soldiers during World War II. They demand a sincere official apology from the Japanese government. 

Japan, however, claims it has done enough already. 

They appear to fear that Clinton’s stance on the use of the term to describe the victims could be a sign that the U.S., which has so far avoided getting involved in the historical dispute, may side with Korea and other Asian countries on the issue. 

The term “comfort women” is widely used in Korea, both by the government and the victims themselves. 

“It is an established term in Korea and is also used in laws. But if victims and their supporters want it to be changed, we will consider it,” an official in Seoul said. 

Kim Dong-hee, secretary general for a Seoul-based civic group Korean Council for the Women Drafted for Military Sex Slavery by Japan, said that in Korean, the euphemism carries the connotation that they are the victims of forced sex slavery. 

But, when translated into English, it seems to lose that meaning.

Source: The Korea Herald: http://khnews.kheraldm.com/kh/view.php?ud=20120711001089&md=20120711203923_8

BOLIVIA: Anteproyecto de ley de justicia juvenil acorde con los derechos del niño

El anteproyecto de Ley del Sistema de Justicia Penal Juvenil, presentado por Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), prohíbe publicar fotografías de niños, niñas y adolescentes, hasta los 18 años, en los medios de comunicación de Bolivia. 

El artículo 41 de ese anteproyecto, dispone: “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se permitirá que se obtenga o difunda fotografías o imágenes de niños, niñas y adolescentes, así sean presuntamente autores, víctimas o testigos de un hecho tipificado como delito, ni se facilitarán datos que permitan su identificación”.

En caso que los adolescentes sean sometidos a un juicio oral, este proceso “deberá celebrarse a puerta cerrada, con la presencia de las partes, peritos y personas convocadas o con permiso especial del juez de sentencia penal juvenil”, aunque en forma excepcional, se podrá disponer una audiencia abierta, pero en este caso, se deben tomar previsiones para que “no se revele la identidad de la persona adolescente encausada y se adoptarán medidas para evitar su registro fotográfico o en soporte audiovisual”, pero “bajo ninguna circunstancia , la autoridad judicial podrá autorizar la instalación en la sala de audiencias, de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación y otros”, según el artículo 155.

ESTADÍSTICAS

Según las estadísticas publicadas en el libro Justicia Penal Juvenil en Bolivia, “de la realidad que tenemos a la justicia que queremos”, el 36 por ciento de los adolescentes detenidos fue mostrado a los medios de comunicación, tanto por la Policía como por el Ministerio Público, en diferentes ciudades del país.

La presentación de los adolescentes se realizó “cuando los jóvenes fueron trasladados ya sea a instancias policiales o al centro para adolescentes en conflicto por la ley”.

Se advirtió que, aunque signifique una tercera parte de los detenidos que ha sido mostrada a la prensa, “queda un importante recorrido para lograr que los medios de comunicación respeten a cabalidad el derecho a la privacidad del que ha de gozar todo adolescente”.

Un efecto de la indiscriminada publicación de datos, sobre casos en los que se ven involucrados adolescentes, se hace visible en el estigma que se muestra hacia ellos, a tal punto que en buena medida se suele responsabilizar a esta población de las crecientes olas de inseguridad ciudadana que sufre el país, señala el DNI.

Es un hecho, que por el sensacionalismo que algunos medios de prensa utilizan para presentar casos de adolescentes en conflicto con la ley, muchas veces se discrimina y hasta se llega a estigmatizar a la población adolescente, hasta tal punto que los adolescentes pueden ser detenidos por el simple hecho de vestirse de alguna determinada forma.

Los tipos de delitos por los que fueron mostrados en los medios de comunicación: 59 por ciento por delitos contra la integridad física, 43 por ciento por delitos con la ley 1008, 29 por ciento por delitos contra la propiedad, 25 por ciento por delitos contra la libertad sexual.

Por otra parte, el 62 por ciento de los policías son los que golpean, insultan o humillan, a las mujeres que han sido detenidas. El 28 por ciento no fue golpeada. El 7 por ciento fue golpeada por la contraparte y el 3 por ciento por otros.

“Se ve que al 69 por ciento de las adolescentes contra la ley, se vulneró sus derechos por parte de la policía”, según el informe.

SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS

Según el artículo 172 de ese anteproyecto de ley, los jueces deben aplicar “sanciones socioeducativas”, antes que recluir a los adolescentes en los centros de rehabilitación. Para ello, los jueces deben estar preparados para estudiar las circunstancias en que los jóvenes cometieron infracciones contra la ley. 

Las sanciones socioeducativas se desarrollan en régimen abierto y tienen por finalidad incidir en el proceso pedagógico y de socialización de la persona adolescente mediante una intervención individualizada, en el entorno propio, que combina la acción educativa con el control derivado de la ejecución de esta intervención y que “favorezca su integración en la sociedad como agente positivo, facilite su proceso de socialización mediante su inserción en recursos formativos, le adiestre en habilidades comunicativas, sociales y de resolución de conflictos, modifique sus criterios de autoestima y pertenencia al grupo social”.

La ejecución de las sanciones socioeducativas estará sujeta a control del Juez de Ejecución Penal Juvenil y en su caso del Juez que determinó la misma.

En todos los casos, el programa individual de ejecución de medida debe ser elaborado con la persona adolescente, su padre, madre o responsable y en un término de cinco días ser presentado ante el o la juez de sentencia, para su aprobación.

La aplicación de las sanciones podrá ser determinada en forma aislada por un período máximo de un año o complementaría a otra sanción por el período que dure la misma, en ningún caso podrá durar más de dos años.

También propone la creación de una Policía Judicial Juvenil, unidad especializada, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, para la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, la identificación y auxilio de las víctimas, la acumulación y protección de las pruebas y toda actuación dispuesta por el Fiscal Especializado de Materia Penal Juvenil que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos competentes.

Según las estadísticas del libro, el 2010, se ha registrado un total de 9.972 personas detenidas en los recintos carcelarios de Bolivia, de los cuales, 838 son adolescentes de 12 a 18 años. 

Fuente: Child Rights International Network, CRIN, ver link: http://crin.org/resources/infodetail.asp?id=28957