Indulto otorgado a Videla es Inconstitucional

INDULTO OTORGADO A VIDELA ES DECLARADO INCONSTITUCIONAL Lima, 07 de setiembre del 2006

Los tribunales argentinos parecen no detenerse en su lucha contra la impunidad. Desde que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida (ver: 30 años del golpe militar: la memoria no olvida, la justicia avanza), otros tribunales se han pronunciado en el mismo sentido. El juez federal Oyarbide ha declarado la inconstitucionalidad de los indultos emitidos durante el gobierno de Carlos Menen (Decretos Nº 1002/89 y 2745/00), y que benefició a un ex represor de la dictadura, Jorge Rafael Videla –también procesado por el robo de bebés y el Plan Cóndor-, los ex ministros, José Alfredo Martínez de Hoz, ex Ministro de Economía, y Albano Harguindeguy, ex Ministro del Interior, posibilitando que la causa Gutheim se abra. Durante la dictadura militar, en el año 1976, la familia Gutheim, padre e hijo,  fueron arrestados mediante un decreto que llevó la firma de Videla, Martínez de la Hoz y Harguindeguy. Los Gutheim fueron detenidos por un período de cinco meses, siendo llevados de un departamento de Policía a otro. El motivo de su detención fue la búsqueda de un lucro económico, convencerlos de cerrar un acuerdo comercial con Hong Kong (Página12, 05/09/06). En este caso, como se ha demostrado en otros, se aprecia que las violaciones a los derechos humanos se dieron, también, por intereses económicos. En la causa seguida contra Martínez de Hoz y Harguindeguy (Causa Nº 12.649/2006, de fecha 4 de setiembre de 2006), por el delito de secuestro extorsivo, se resolvió declarar la inconstitucionalidad de los decretos anteriormente mencionados, así como la nulidad de los actos procesales que se hubiesen efectuado en virtud de tales decretos. Algunos de los motivos importantes a resaltar son: primero, que ya la Excelentísima Cámara Federal se había pronunciado anteriormente por los decretos Nº 1002/89 y 2746/90, declarando su inconstitucionalidad; segundo, señalaron que no le correspondía a ése juzgado pronunciarse por la validez o no de un decreto presidencial, como es el indulto, sino más bien, por la constitucionalidad de una norma, ya que es potestad exclusiva de todos los jueces. Como tercer punto, tenemos que la defensa declara que el hecho imputado no constituye un delito de lesa humanidad, por lo que no se puede descalificar el indulto otorgado. Ante ello, el juez niega tal afirmación, ya que el delito se realiza dentro de un contexto de represión, impuesto por la dictadura militar durante los años 1976 a 1983; y además porque la detención fue realizada por el Poder Ejecutivo de facto. Cuarto punto: la Excelentísima Cámara del Fuero también ha considerado “como crímenes contra la humanidad”, aquellos delitos cometidos por los agentes estatales en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar (cfr. Sala I causa Nº 30.514  Massera, del 9 setiembre de 1999; causa Nº 33714 Videla, del 23 de mayo de 2002, entre otros). También, se señala que aquellos hechos ilícitos que impliquen el ejercicio del poder prohibido constitucionalmente no pueden ser amnistiados ni indultados. Otra de las razones expuestas es que los indultos otorgados impiden el ejercicio de la justicia y la posible sanción de los culpables. Es importante resaltar que, respecto a los indultos otorgados a ex represores y ex funcionarios públicos, los jueces argentinos están dando un paso más adelante, basándose en decisiones anteriores y en la jurisprudencia vinculante del sistema interamericano, como el caso Barrios Altos vs. Perú, 2001. (Sofía García Carpio en Justicia Viva)

De Nuremberg a la Corte Penal Internacional

DE NUREMBERG A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Lima, 24 de noviembre del 2005

Hace exactamente 60 años, en la ciudad alemana de Nuremberg, se celebró el primer juicio a 21 ex jerarcas nazis bajo los cargos de crímenes contra la paz (planificación, inicio y desarrollo de la guerra),crímenes de guerra (violaciones de las leyes de la guerra, contenidas en la Convención de Viena y reconocidas por los ejércitos de las naciones civilizadas), y crímenes contra la humanidad. El tribunal encontró responsabilidad en 19 de ellos, rechazando sus alegaciones en el sentido que sus conductas no estaban definidas con antelación como crímenes en Derecho Internacional, o que habían procedido obedeciendo órdenes superiores. Por cierto, Nuremberg no fue la primera propuesta de creación de un tribunal internacional -pues ya en 1872 Gustave Moynier, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, recordando los horrores de la guerra franco-prusiana, había vislumbrado la creación de un tribunal penal internacional-, pero sí el primer tribunal en funciones. Además, el primer tribunal internacional en juzgar a individuos por delitos de lesa humanidad en conflicto armado. Con el tiempo, el Estatuto de Nuremberg y la propia sentencia dictada por el tribunal militar internacional iluminaron el desarrollo del Derecho Internacional: hoy en día, inclusive, los crímenes de lesa humanidad no sólo son pasibles de juzgamiento cuando se cometen durante un conflicto armado, sino también si se perpetran en tiempos de paz; sirvieron de antecedente y guía para la creación de otros tribunales, avocados cada uno de ellos a un caso especial y específico, con competencia en la misma materia, lugar, persona y tiempo: así vieron la luz, los tribunales Ad Hoc para el territorio de la ex Yugoslavia,  Ruanda y Sierra Leona; y alentaron la cristalización de una Corte Penal Internacional (CPI): su Estatuto, dictado en Roma, entró en vigor el 1 de julio de 2002. Es difícil pensar en la Corte Penal Internacional sin relacionarla inmediatamente a Nuremberg. Lo que en Nuremberg se inició, la Corte ahora lo continúa y desarrolla. Esta es una institución judicial, de carácter permanente, que ejerce competencia universal y que juzgará a las personas por la comisión de graves ilícitos establecidos en el Estatuto (genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra). Por supuesto, la Corte representa un avance en el largo camino por garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, de los pueblos y de las minorías; y actúa, como no podía ser de otro modo, con total observancia de las reglas del debido proceso. Igualmente, cómo no recordar Nuremberg cuando vemos los afanes de jueces, juristas y activistas de derechos humanos sosteniendo el principio de jurisdicción universal para perseguir a los autores de crímenes contra la humanidad. Estuvo presente en la decisión del juez Garzón, de iniciar proceso a los militares argentinos culpables de un sinnúmero de desapariciones forzadas, asesinatos y torturas; y en la Cámara de los Lores cuando se decidía la suerte de Augusto Pinochet. El espíritu de Nuremberg, por cierto, está detrás de la reciente orden de detención contra el ex dictador de Chad, Hissene Habré, y acompañará el destino de su extradición a Bélgica. También Nuremberg acompañó a la Audiencia Nacional española cuando escribió para la historia esa sentencia ejemplar que hundió a Scilingo. Lamentablemente, hoy en día, en estos momentos, a pesar de los instrumentos jurídicos elaborados para impedir y sancionar las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, éstos continúan perpetrándose (Guantánamo, Abu Ghraib) y, en no pocos casos, quedan cubiertos con la impunidad que concede el poder sin límites. Quienes así proceden van contra el espíritu de Nuremberg, que alguna vez alentaron. (Sofía García Carpio)

Día Internacional de la Mujer: "La clave esta en invertir en la mujer rural"

Empowering rural women key to boosting welfare of societies, UN officials stress

7 March 2012 – 

Secretary-General Ban Ki-moon today joined other senior United Nations officials on the eve of International Women’s Day in highlighting the potential of rural women to improve the well-being of entire societies if given equal access to resources and set free from the discrimination and exploitation that hold them back.

“The plight of the world’s rural women and girls mirrors that of women and girls throughout society,” Mr. Ban told an event at UN Headquarters to commemorate the Day, which is observed annually on 8 March. This year’s theme is ‘Empower Rural Women – End Hunger and Poverty.’

He acknowledged that women are increasingly exercising greater influence in business, government, politics, public administration and other professions. Also, more girls are going to school and are growing up healthier and better equipped to realize their potential.

“But, despite this momentum, there is a long way to go before women and girls can be said to enjoy the fundamental rights, freedom and dignity that are their birthright and that will guarantee their well-being,” said the Secretary-General.

Rural women and girls make up a quarter of the global population, yet they routinely figure at the bottom of every economic, social and political indicator, from income, education and health to participation in decision-making, Mr. Ban said.

They perform most of the unpaid care work in rural areas and are a major part of the agricultural labour force, making up almost half a billion smallholder farmers and landless workers.

“Countries where women lack land ownership rights or access to credit have significantly more malnourished children. By empowering rural women we could end the hidden development tragedy of stunting, which affects almost 200 million children worldwide,” said the Secretary-General.

“On this International Women’s Day, I urge governments, civil society and the private sector to commit to gender equality and the empowerment of women – as a fundamental human right and a force for the benefit of all. The energy, talent and strength of women and girls represent humankind’s most valuable untapped natural resource,” he added.

Michelle Bachelet, the Executive Director of the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), stated that no enduring solution to the major global challenges – from climate change to political and economic instability – can be solved without the full empowerment and participation of women across the world.

“We simply can no longer afford to leave women out,” Ms. Bachelet said in a recorded video message. She is currently in Morocco, where she will tomorrow attend the observance of the Day to underline the need for women in the North African region to be fully involved in the democratic transition under way there.

“Women’s full and equal participation in the political and economic arena is fundamental to democracy and justice, which people are demanding. Equal rights and opportunity underpin healthy economies and societies,” said Ms. Bachelet.

She highlighted the fact that providing women farmers with equal access to resources would result in 100 to 150 million fewer hungry people, while ensuring that they have income, land rights and credit would mean fewer malnourished children.

“Studies show that higher levels of gender equality correlate positively with higher levels of per capita gross national product. Opening economic opportunities to women would significantly raise economic growth and reduce poverty,” she added.

In her message to mark the Day, UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay urged governments, community leaders and heads of families to recognise and tap the enormous potential of women to positively impact the world around them.

“This is a call directed not at any particular region of the world – it is a global call because the failure to capitalise on women’s potential is a global problem,” she said.

She stressed that participation requires that women are able to access relevant information and are empowered through education and political access. She underlined the need to ensure inclusion of women from minority groups, the poor, the elderly, those with disabilities and other vulnerable groups.

Rashida Manjoo, the UN Special Rapporteur on violence against women,emphasized the need for a holistic approach that does not treat all women homogenously, but recognizes that discrimination and violence affect women in different ways.

Rural women face discrimination in accessing assets and resources and are more likely to be involved in unpaid family-related work or in low-paid work. They are also at higher risk of being subjected to violence, with far less access to redress for the human rights violations they suffer.

“Legal and policy environments which are responsive and promote independence and empowerment of women is also essential for women to seek remedies for violations of rights,” said Ms. Manjoo.

The President of the General Assembly, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, urged Member States, the UN system and partners to boost their efforts to empower rural women in view of their existing and potential contribution to the global fight against hunger and poverty.

“We need also to carry out extensive education and awareness-raising campaigns on the rights of women,” he said in an address delivered on his behalf by his Chef de Cabinet, Mutlaq Al-Qahtani.

“To empower rural women, more action is needed to improve the active participation of women in all political and economic decision-making processes at the local level,” he said.

¿Una Memoria para las democracias de hoy?

A propósito de la última sentencia absolutoria contra el Juez Baltasar Garzón, en España, sobre los juicios de la verdad, el Tribunal Supremo de lo Penal declaró que Baltasar Garzón no había cometido prevaricato, pero que si había errado en su análisis sobre si se podía investigar los crímenes del Franquismo. Debido a que; existe una ley de amnistía que prohíbe su investigación, por respeto al principio de legalidad y porque se había extinguido la acción penal, entre otros argumentos pocos convincentes y lejos del concepto de jurisdicción universal del que Baltasar Garzón y otros magistrados han usado para condenar a violadores de derechos humanos de distintas dictaduras latinoamericanas (Ver caso Schilingo). Ante este nuevo escenario, el Estado español aprovecha el pánico y cierra otra puerta a los familiares de las víctimas del franquismo: cierra el único espacio de memoria reconocido por el Estado.

¿Una Memoria para las democracias de hoy?

Erick Ramos Solano

EPAF

No podría imaginarse sociedades sin archivos, sin folios, sin ingentes depósitos de documentos ligeros llenos de registro e inventario, historia y descripción. No podría, también, imaginarse sociedades sin memoria, sin lazos de sentimiento colectivo con el pasado, sea éste cruel o de bonanza, reciente o milenario.

No obstante, una sociedad sin justicia podría caber bien en cualquier realidad y, sin ir muy lejos, en la cabeza de cualquier persona. Es más, una sociedad en la que la búsqueda de la verdad de un pasado violento sea motivo de sanción, es ahora posible. ¿Dónde? En España.

El cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura explica cómo el uso de la memoria de las atrocidades del franquismo (1939-1975) puede bien no servir para nada.

Tal vez suene muy duro. Exagerar a veces resulta ser la medida perfecta para designar el peligro del fracaso de aquello en lo que creemos. Sin embargo, como ha ocurrido y ocurrirá siempre, mientras el Estado o quienes gobiernen nieguen lo ocurrido y dispongan en su legalidad la trampa de la letra, el peso de los hechos sabrá encontrar salida entre renglón y renglón, aunque nos duela.

El Partido Popular —antes Alianza Popular, partido conservador fundado durante la transición española en su mayoría por ex ministros franquistas— marcó siempre distancia con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que buscaba la consolidación de políticas públicas, el fomento de la memoria, encontrar desaparecidos —gracias al controversial mapa que identificó más de dos mil doscientas fosas colectivas en todo el territorio—, reparar a miles de familiares y lograr justicia.

Dejó no obstante sin base su tramitación parlamentaria, se amparó en la urgencia dedescongestionar la carga procesal y redujo la iniciativa, en los discursos oficiales, a un estorbo para el cierre de las heridas del pueblo español. Aunque Rajoy no la derogue, en la práctica acabará dejándola a un rincón del despacho, en favor del noble objetivo de lograr la unión y el desarrollo de España, en medio de una crisis continental, aunque ésta fuera la terrible cáscara de un gran cementerio.

Ya la tesis de la sentencia a Baltazar Garzón, a pesar de la absolución y el reconocimiento de sus «errores de oficio», dejaba en claro los principios amnésicos de un sistema judicial español que negaba el carácter devastador y la naturaleza vil de la desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil, así como la grosería de la amnistía y la imposibilidad del ejercicio del derecho a la verdad, justicia y reparación, restringiendo el rol de los jueces al automatismo acrítico, dejando huérfanas de tutela alguna judicial a las víctimas del terror de Estado.

Pero, ¿cómo puede la memoria ayudarnos a sostener una democracia ahora que ésta se sostiene sola gracias a su solvencia o apego a los designios económicos de los que controlan el país?

¿Cómo su estudio puede ir más allá de las mesas semanales que convoca la academia para discutirla y otorgarle legitimidad si vamos cerrando, sin querer, su fervor a grupos aislados?

¿Cómo la difusión de su complejidad e importancia para sociedades que buscan paz y progreso puede alcanzar de manera concreta y sin demora el momento exacto en que el dolor y la incertidumbre puedan convertirse en justicia y reparación para la viuda o el pobre?

La Ley de Memoria Histórica reconocía que la democracia española debía vivirse no solo por las nuevas generaciones sino con la memoria de aquellos que sufrieron represión, murieron o perdieron la patria durante la dictadura. El equilibrio entre poder y sociedad (entiéndase democracia o cualquier otro modelo utópico que permita la participación ciudadana, el control de los poderes y la redistribución efectiva), no debe impedir la recuperación de una identidad humana violentada gravemente por el Estado o sus fuerzas armadas.

Menos cancelar, finalmente, aquello que nos mueva a buscar la verdad de regímenes autoritarios que desean que el silencio y la impunidad permanezcan como efigies de piedra tras los rostros dedemocracias populares.

(Via: La Mula, http://lamula.pe/2012/03/05/una-memoria-para-las-democracias-de-hoy/erick)

Por 4 esquinitas de nada: Todo/as somo/as diferentes!

CUENTO TITULADO POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA. ADAPTADO POR MAYTE CALAVIA CON ALUMNOS DEL CEIP EL ESPARTIDERO DE ZARAGOZA.

La construcción de Belo Monte va destruir áreas naturales

La construcción de la Hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía afectará la vida de miles de personas, como tú y como yo. Las comunidades indígenas no han sido consultadas, el impacto ecológico será devastador.

La construcción de esta hidroeléctrica cuesta mas de 30 billones, que va destruir 640km de la foresta amazónica.

Gota D'Agua es un movimiento en Brasil que nació para transformar la indignación en una acción, a través del uso de actores y actrices muy conocidos de Brasil. La indignación de que el Gobierno brasilero apoye la construcción de una hidroeléctrica "Belo Monte" que afectará el medio ambiente de una parte de la Amazonía y a sus pobladores.

Difundamos este video ;-)

Ronald Gamarra: Punto final a Mora

Punto final a Mora

Vie, 02/09/2011

Por Ronald Gamarra

Con la prensa orientada a la farándula y el escándalo, las noticias verdaderamente importantes o graves suelen pasar inadvertidas. Es lo que parece suceder con las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Daniel Mora, quien pone sobre la mesa, una vez más en los últimos años y por primera vez bajo este gobierno, la deplorable iniciativa de dar fin a las investigaciones judiciales por crímenes contra los DDHH. Lo dijo claramente hace dos días: “Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto. No pueden haber juicios que se destapen después de 40 años”.

Se trata de una declaración inadmisible que aboga por la impunidad y merece absoluto repudio. No vemos cómo se condice esta declaración con las intenciones expresadas ante el Congreso por el premier Lerner. El ministro Mora no puede ignorar, además, que lo dice justamente cuando, por fin, después de 25 años de burla, la justicia puede lograr la comparecencia en juicio del ex subteniente Telmo Hurtado, autor directo de la masacre de 69 personas de la comunidad campesina de Accomarca, la mayoría de ellos mujeres y niños, a quienes dio muerte con fuego de ametralladora y granadas al frente de su pelotón. Esto sucedió en 1986.

Telmo Hurtado contó con una indebida protección institucional que lo preservó de responder por su crimen, permitiéndole ascender hasta el rango de mayor. Esto incluyó la complicidad encubridora del fuero militar, donde se le impuso una sanción simbólica por delito de “negligencia” y no por homicidio agravado y múltiple, con lo cual se pretendía establecer cosa juzgada. Pero Hurtado acaba de ser extraditado de los EEUU, adonde fugó a la caída del fujimorismo. Con la propuesta de Mora, un criminal como este, en vez de juicio debería tener impunidad. Le bastaría el mérito de driblear a la justicia durante 25 años con la protección de las autoridades.

Acaso a algunos les preocupa que en el juicio que ahora afronta Hurtado, se sepa quiénes dieron las órdenes que cumplió brutalmente y se establezcan así responsabilidades de alto nivel. Por eso es lamentable que el ministro Mora pretenda corregir la plana a los jueces sobre la teoría penal de la autoría mediata, cuando dice: “No es posible que por autoría mediata se sancione a gente que no tuvo nada que ver”. Más allá de revelar que no entiende nada de teoría jurídica, se percibe la voluntad de dar margen a la impunidad de los altos rangos. No obstante, la justicia debe ir hasta el fondo de las cosas y no cabe impedirlo. Tal es el mandato del Estado de derecho.

Fuente: La República