A propósito de la última sentencia absolutoria contra el Juez Baltasar Garzón, en España, sobre los juicios de la verdad, el Tribunal Supremo de lo Penal declaró que Baltasar Garzón no había cometido prevaricato, pero que si había errado en su análisis sobre si se podía investigar los crímenes del Franquismo. Debido a que; existe una ley de amnistía que prohíbe su investigación, por respeto al principio de legalidad y porque se había extinguido la acción penal, entre otros argumentos pocos convincentes y lejos del concepto de jurisdicción universal del que Baltasar Garzón y otros magistrados han usado para condenar a violadores de derechos humanos de distintas dictaduras latinoamericanas (Ver caso Schilingo). Ante este nuevo escenario, el Estado español aprovecha el pánico y cierra otra puerta a los familiares de las víctimas del franquismo: cierra el único espacio de memoria reconocido por el Estado.
¿Una Memoria para las democracias de hoy?
Erick Ramos Solano
EPAF
No podría imaginarse sociedades sin archivos, sin folios, sin ingentes depósitos de documentos ligeros llenos de registro e inventario, historia y descripción. No podría, también, imaginarse sociedades sin memoria, sin lazos de sentimiento colectivo con el pasado, sea éste cruel o de bonanza, reciente o milenario.
No obstante, una sociedad sin justicia podría caber bien en cualquier realidad y, sin ir muy lejos, en la cabeza de cualquier persona. Es más, una sociedad en la que la búsqueda de la verdad de un pasado violento sea motivo de sanción, es ahora posible. ¿Dónde? En España.
El cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura explica cómo el uso de la memoria de las atrocidades del franquismo (1939-1975) puede bien no servir para nada.
Tal vez suene muy duro. Exagerar a veces resulta ser la medida perfecta para designar el peligro del fracaso de aquello en lo que creemos. Sin embargo, como ha ocurrido y ocurrirá siempre, mientras el Estado o quienes gobiernen nieguen lo ocurrido y dispongan en su legalidad la trampa de la letra, el peso de los hechos sabrá encontrar salida entre renglón y renglón, aunque nos duela.
El Partido Popular —antes Alianza Popular, partido conservador fundado durante la transición española en su mayoría por ex ministros franquistas— marcó siempre distancia con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que buscaba la consolidación de políticas públicas, el fomento de la memoria, encontrar desaparecidos —gracias al controversial mapa que identificó más de dos mil doscientas fosas colectivas en todo el territorio—, reparar a miles de familiares y lograr justicia.
Dejó no obstante sin base su tramitación parlamentaria, se amparó en la urgencia dedescongestionar la carga procesal y redujo la iniciativa, en los discursos oficiales, a un estorbo para el cierre de las heridas del pueblo español. Aunque Rajoy no la derogue, en la práctica acabará dejándola a un rincón del despacho, en favor del noble objetivo de lograr la unión y el desarrollo de España, en medio de una crisis continental, aunque ésta fuera la terrible cáscara de un gran cementerio.
Ya la tesis de la sentencia a Baltazar Garzón, a pesar de la absolución y el reconocimiento de sus «errores de oficio», dejaba en claro los principios amnésicos de un sistema judicial español que negaba el carácter devastador y la naturaleza vil de la desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil, así como la grosería de la amnistía y la imposibilidad del ejercicio del derecho a la verdad, justicia y reparación, restringiendo el rol de los jueces al automatismo acrítico, dejando huérfanas de tutela alguna judicial a las víctimas del terror de Estado.
Pero, ¿cómo puede la memoria ayudarnos a sostener una democracia ahora que ésta se sostiene sola gracias a su solvencia o apego a los designios económicos de los que controlan el país?
¿Cómo su estudio puede ir más allá de las mesas semanales que convoca la academia para discutirla y otorgarle legitimidad si vamos cerrando, sin querer, su fervor a grupos aislados?
¿Cómo la difusión de su complejidad e importancia para sociedades que buscan paz y progreso puede alcanzar de manera concreta y sin demora el momento exacto en que el dolor y la incertidumbre puedan convertirse en justicia y reparación para la viuda o el pobre?
La Ley de Memoria Histórica reconocía que la democracia española debía vivirse no solo por las nuevas generaciones sino con la memoria de aquellos que sufrieron represión, murieron o perdieron la patria durante la dictadura. El equilibrio entre poder y sociedad (entiéndase democracia o cualquier otro modelo utópico que permita la participación ciudadana, el control de los poderes y la redistribución efectiva), no debe impedir la recuperación de una identidad humana violentada gravemente por el Estado o sus fuerzas armadas.
Menos cancelar, finalmente, aquello que nos mueva a buscar la verdad de regímenes autoritarios que desean que el silencio y la impunidad permanezcan como efigies de piedra tras los rostros dedemocracias populares.
