miércoles, 3 de agosto de 2016

Abuelas israelíes, guardianas de los derechos humanos en los puestos de control


Abuelas israelíes, guardianas de los derechos humanos en los puestos de controlCada mañana acuden con papel y bolígrafo dispuestas a denunciar las irregularidades que cometen los soldados israelíes en territorios palestinos

El pelo cano y los achaques de la edad no son impedimento para que decenas de abuelas israelíes se levanten cada mañana y, con papel y bolígrafo bajo el brazo, acudan a decenas de puestos de control militares en territorio palestino dispuestas a denunciar las irregularidades que cometan los soldados.

Son casi las dos de la tarde y la conocida como “Puerta de la Agricultura” de Hableh, al nordeste del territorio ocupado de Cisjordania, que separa a esa población de sus tierras agrícolas, retiene a decenas de palestinos que esperan a que soldados israelíes abran el paso para poder ir a trabajar o volver a casa a almorzar.

Daniela Gordon, psicóloga israelí septuagenaria, observa atenta cómo los militares -que abren este control tres horas al día- piden los permisos de entrada a los palestinos que, principalmente agricultores, bajan de sus mulos y tractores para ser registrados mientras que ella toma nota de todo el proceso.

250 mujeres
No es un trabajo, ni gana dinero por lo que hace. Como ella, casi 250 abuelas israelíes “luchan contra la ocupación y por la defensa de los derechos humanos” a través de la asociación “Majsom Watch”, (‘majsom’ significa en hebreo obstáculo y se utiliza para denominar los puestos de control), que lleva quince años monitorizando los abusos de fuerzas israelíes en estos controles.

“¿Puedes abrir esa puerta para que no se congestione la gente en el control de acceso?. ¿Y por qué no dejas pasar a este anciano?”, media Gordon ante los soldados israelíes de este cruce, con los que, como el resto de jubiladas, tiene una buena relación.

Presión, supervisión y monitorización. Tras más de una década como guardiana de los derechos humanos en cualquiera de las barreras militares diseminadas por las zonas palestinas ocupadas, a Gordon se le acumulan las historias y sentimientos a la hora de hablar de lo que ha vivido.

“Los soldados prohibían a una chica palestina, extremadamente delgada y consumida por un cáncer, ir a un hospital israelí, pero después de hablar con ellos y hacer muchas gestiones, lo conseguimos”, explica a Efe esta israelí de apariencia frágil que, emocionada, recuerda cómo aquella joven se lo agradeció: “Tú, mujer, tienes alas”, le dijo.

Gordon consiguió también que un padre palestino pudiera pasar a Israel, donde su hijo había muerto en un hospital. “Pero si ya está la madre con el niño”, le decían los soldados, a lo que esta anciana recriminó: “Debe usted entender que el padre también quiera despedir a su hijo”.

Estas abuelas, con más tiempo y menos responsabilidades, han encontrado en “Majsom Watch” su principal deber. “Hago lo que hago por mis hijos y nietos, para que puedan vivir en un lugar en paz al que aún amo”, refiere a Efe esta mujer que, tras una pausa, confiesa: “Por supuesto que este conflicto hace que me sienta menos orgullosa de ser israelí”.

Tachadas de traidoras
Las ancianas no están libres de crítica, gran parte de la sociedad del país las considera unas traidoras: “Nos llaman desertoras, las chicas de Arafat”, cuenta resignada Gordon, apoyada por su compañera Edith Maor, que dice estar “preocupada” porque “más de la mitad de la sociedad israelí apoya fuertemente una política de derechas”.

Maor, nacida en Estados Unidos, emigró a Israel con 21 años y reivindica que, “el hecho de que tengamos derecho a tener un país (Israel), no significa echar a los demás (palestinos)”.

A Gordon le suelen preguntar si no tiene miedo, a lo que ella contesta tajante: “Tengo más miedo de que un ultraortodoxo de Jerusalén me tire piedras en ‘shabat’ (jornada sabática del judaísmo) a que un palestino me tire piedras en Ramala”.
Las integrantes de Majsom Watch organizan también tours para israelíes y extranjeros en los que muestran las singularidades del conflicto y explican, in situ, las causas y consecuencias de la ocupación
“Tengan ustedes un buen día, soldados”, se despiden Gordon y Maor amablemente al terminar la jornada.

lunes, 4 de enero de 2016

El País: ‘Fujilecciones’ olvidadas

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Héctor Schamis

El 11 de septiembre de 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana. Fue pensada como un instrumento jurídico y político para prevenir rupturas del orden democrático. Ello ya sea producto del tradicional golpe militar o bajo presidentes que, llegados al poder por el voto, una vez allí lo usan para violar la legalidad constitucional y perpetuarse. Se firmó en Lima, precisamente, porque el caso de texto fue el Perú de Fujimori. Es una historia que debe recordarse hoy.

Fujimori fue un precursor del autoritarismo del siglo XXI. Había sido electo en 1990, derrotando a Vargas Llosa. Un recién llegado a la política, en campaña se oponía a la liberalización económica y atemorizaba al electorado con la austeridad que proponía su adversario. En realidad fue gato por liebre, ya que ni bien llegó a la presidencia implementó un draconiano ajuste y reforma estructural. Fue el Fujishock.
La búsqueda de la discrecionalidad en la política económica, junto a la amenaza terrorista de Sendero Luminoso, le sirvieron como pretextos del autogolpe de abril de 1992. Fujimori disolvió el Congreso, suspendió la constitución y avasalló al poder judicial, removiendo más de una centena de jueces y fiscales. La OEA denunció el golpe, reclamando el retorno a la legalidad democrática. Brasil, Costa Rica y Argentina retiraron sus respectivos embajadores. Este último y Chile solicitaron la suspensión de Perú de la OEA; Panamá y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. El expresidente Alan García se exilió en Colombia.

A partir de allí fue autocracia, sin adjetivos, con corrupción, arbitrariedad y abusos. Fujimori convocó a una convención constituyente, siendo una nueva constitución aprobada en un referéndum de dudosa legitimidad en octubre de 1993. Un verdadero traje a la medida, se postuló a un nuevo período en 1995. La Constitución de 1979, vigente hasta entonces, no autorizaba la reelección inmediata.

Ante formas autoritarias innovadoras—como el “golpe judicial”—hay que responder con más innovación democrática.



Sobre esta base Fujimori buscó su tercera presidencia. En lo que ya es un clásico, su argumento fue que le correspondía un segundo período bajo la Constitución de 1993, ya que el primero había sido bajo la de 1979. El proceso electoral concluyó con Fujimori nuevamente reelecto en Mayo de 2000, pero bajo múltiples denuncias de inconstitucionalidad y fraude, además del acoso de las protestas sociales.
La OEA mantuvo un activo papel, auspiciando la Mesa de Diálogo. El régimen entró en acelerada descomposición al revelarse videos incriminatorios de la corrupción de Montesinos. Fujimori huyó, enviando su renuncia a la presidencia por fax y desde Tokio. Ello abrió paso al gobierno de transición de Paniagua, entonces Presidente del Congreso. Javier Pérez de Cuellar, ex Secretario General de Naciones Unidas, fue Jefe de Gabinete y Canciller, dándole fuerte impulso a la idea de la Carta Democrática.
¿Suena conocido? El Perú de los noventa obliga a recordar la lección del multilateralismo porque ninguna crisis democrática es materia exclusiva de la soberanía nacional. El proceso de la Carta Democrática fue gradual. Primero la Mesa de Diálogo en Lima, luego la adhesión de algunas naciones, la posterior Declaración de Québec en la Cumbre de las Américas de abril de 2001, las negociaciones y el borrador de la Carta en la Asamblea General de San José en mayo, y su redacción final y aprobación en Lima en septiembre.
Dicho proceso también es una lección de creatividad: frente a crisis que presentan desafíos desconocidos, se deben buscar fórmulas institucionales nuevas. Debería ser un espejo para la crisis venezolana. Las rupturas ya no son por medio de golpes militares, ni tampoco autogolpes como el de Fujimori. Ante formas autoritarias innovadoras—como el “golpe judicial”—hay que responder con más innovación democrática.
El mayor valor de la Carta Democrática fue que, con Perú como preocupación especifica, definió un conjunto de normas de aplicabilidad general ancladas en una estrategia multilateral. Esa podría ser la metodología a seguir hoy en Venezuela.

Fuente El País:

miércoles, 11 de febrero de 2015

Noam Chomsky: ”El lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras”

Noam Chomsky – Reflexiones sobre la ofensiva israelí y política internacionalEl escritor Noam Chomski (Estados Unidos) habla de los mecanismos detrás de la comunicación moderna, un instrumento esencial de gobierno en los países democráticos, tan importantes para nuestros gobiernos como la propaganda es a una dictadura.

Empecemos por el asunto de los medios de comunicación. En Francia, en mayo del 2005, con ocasión del referéndum sobre el tratado de la Constitución Europea, la mayor parte de órganos de prensa eran partidarios del ”sí”, y sin embargo 55% de los franceses votaron por el ”no”. Luego, la potencia de manipulación de los medios no parece absoluta. ¿Ese voto de los ciudadanos representaría también un ”no” a los medios?
- El trabajo sobre la manipulación mediática o la manufactura del consentimiento hecho por Edgard Herman y yo no aborda la cuestión de los efectos de los medios en el público [1]. Es un asunto complicado, pero las pocas investigaciones que profundizan en el tema sugieren que, en realidad, la influencia de los medios es más importante en la fracción de la población más educada. La masa de la opinión pública parece menos tributaria del discurso de los medios.
Tomemos, por ejemplo, la eventualidad de una guerra contra Irán: 75% de los norteamericanos estiman que Estados Unidos debería poner fin a sus amenazas militares y privilegiar la búsqueda de un acuerdo por vías diplomáticas. Encuestas llevadas a cabo por institutos occidentales sugieren que la opinión pública iraní y la de Estados Unidos convergen también en algunos aspectos de la cuestión nuclear: la aplastante mayoría de la población de los dos países estima que la zona que se extiende de Israel a Irán debería estar completamente despejada de artefactos de guerra nuclear, comprendidos los que poseen las tropas norteamericanas de la región. Ahora bien, para encontrar este tipo de información en los medios, es necesario buscar mucho tiempo.
En cuanto a los principales partidos políticos de los dos países, ninguno defiende este punto de vista. Si Irán y Estados Unidos fueran auténticas democracias en cuyo interior la mayoría determinara realmente las políticas públicas, el diferendo actual sobre lo nuclear ya estaría sin duda resuelto. Hay otros casos así.
En lo que se refiere, por ejemplo, al presupuesto federal de Estados Unidos, la mayoría de norteamericanos desean una reducción de los gastos militares y un aumento, por el contrario, en los gastos sociales, créditos otorgados a las Naciones Unidas, ayuda económica y humanitaria internacional, y por último, la anulación de las bajas de impuestos decididas por el presidente George W. Bush a favor de los contribuyentes más ricos.
En todos estos asuntos la política de la Casa Blanca es totalmente contraria a los reclamos de la opinión pública. Pero las encuestas que revelan esta oposición pública persistente raramente son publicadas en los medios. Es decir, a los ciudadanos se les tiene no solamente apartados de los centros de decisión política, sino también se les mantiene en la ignorancia del estado real de esta misma opinión pública.
- Cuando se les pregunta a los periodistas, si sufre presiones responden inmediatamente: ”Nadie me ha presionado, yo escribo lo que quiero. ” Es cierto. Solamente, que si tomaran posiciones contrarias a la norma dominante, ya no escribirían sus editoriales. La regla no es absoluta, desde luego; a mí mismo me sucede que me publiquen en la prensa norteamericana, Estados Unidos no es un país totalitario tampoco. Pero cualquiera que no satisfaga ciertas exigencias mínimas no tiene oportunidad alguna de alcanzar el nivel de comentador con casa propia.
El sistema de control de las sociedades democráticas es muy eficaz; instila la línea directriz como el aire que respira. Uno ni se percata, y se imagina a veces estar frente a un debate particularmente vigoroso. En el fondo, es mucho más rendidor que los sistemas totalitarios.
No olvidemos cómo se impone siempre una ideología. Para dominar, la violencia no basta, se necesita una justificación de otra naturaleza. Así, cuando una persona ejerce su poder sobre otra -trátese de un dictador, un colono, un burócrata, un marido o un patrón-, requiere de una ideología que la justifique, siempre la misma: esta dominación se hace ”por el bien” del dominado. En otras palabras, el poder se presenta siempre como altruista, desinteresado, generoso.
Periodista de Le Monde Diplomatique.

martes, 10 de febrero de 2015

Rodrigo Uprimny: ¿En favor de los niños?

Rodrigo Uprimny
Si realmente la adopción por parejas del mismo sexo representara un riesgo para el adoptado, yo me opondría a esa posibilidad pues la adopción existe para que un niño sin hogar logre una familia, y no tanto para que los padres adoptantes puedan tener un hijo. El derecho prevalente es entonces el de los niños a ser adoptados.

Pero en realidad ese riesgo no existe. La evidencia académica demuestra abrumadoramente que las personas criadas por parejas o personas homosexuales tienen el mismo desarrollo psicológico que aquellas criadas por parejas o personas heterosexuales. Así lo han confirmado por medio de “metaestudios”, que son revisiones juiciosas de los estudios existentes, instituciones de alta credibilidad académica, como las asociaciones americanas de psicología, pediatría y sociología. O en Colombia lo han reiterado universidades tan serias como los Andes, la Nacional o la del Valle, el Colegio Colombiano de Psicólogos, o el ICBF. 

El único estudio que plantea un supuesto desajuste psicosocial de los niños criados por padres homosexuales es uno de Mark Regnerus, citado insistentemente por los opositores a la adopción igualitaria. Pero es un estudio aislado, que no rompe el abrumador acuerdo académico en esta materia. Y más importante aún, ese trabajo ha sido severamente criticado por sus sesgos y errores metodológicos. Regnerus no comparó realmente parejas homosexuales estables con parejas heterosexuales estables sino niños criados en hogares homosexuales inestables con hogares heterosexuales estables. Era la estabilidad de los hogares lo que marcaba la diferencia, no que fueran homosexuales o heterosexuales.
Las parejas del mismo sexo plantean entonces los mismos riesgos y beneficios que las parejas heterosexuales en casos de adopción. Si la pareja, sea homosexual o heterosexual, forma un hogar sólido, entonces al adoptado le irá bien. Por el contrario, si la pareja, sea homosexual o heterosexual, forma un hogar inestable y problemático, al adoptado no le irá bien. La solución razonable es entonces que en cada caso concreto, las autoridades encargadas de la adopción analicen cuál pareja ofrece un mejor hogar al adoptado; en algunos casos será la pareja heterosexual y en otros la del mismo sexo.
No hay pues razones para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo invocando el interés superior del niño. En realidad, una prohibición así no sólo discrimina a las parejas homosexuales, lo cual ya es grave, sino que además afecta el interés superior de los niños, pues priva de la posibilidad de ser adoptados por parejas homosexuales estables, que les darían un buen hogar, a muchos de los miles de niños que están a la espera de que alguien los adopte, incluidos los más de 5.200 de difícil adopción, que hoy están bajo custodia del ICBF y que ninguna pareja heterosexual ha querido adoptar. Quedan entonces dudas de que quienes se oponen a la adopción igualitaria estén genuinamente preocupados por los niños y niñas sin hogar.

martes, 27 de enero de 2015

Estado Mexicano responde luego de 4 meses de la desaparición de 43 estudiantes

Embedded image permalinkLa Procuraduría General de la República de México (PGR) presentó informe y video sobre los hechos ocurridos en Iguala, luego de 4 meses y un día en que 43 estudiantes desaparecieron en Guerrero.

Según el Procurador Murillo, "Las evidencias permiten determinar que normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan".


Informe de la PGR: 


Video de la Presentación:
 


 Fuente Procuraduría General de la República: http://www.pgr.gob.mx/

lunes, 26 de enero de 2015

Ban advierte que a 70 años del Holocausto persisten odios contra minorías


Un día como hoy hace 70 años, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau; sin embargo, la humanidad está a prueba todavía ya que las minorías a menudo siguen afrontando odios en todo el mundo.


Así lo advirtió este martes el Secretario General de la ONU en su mensaje con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
Ban Ki-moon urgió a renovar los esfuerzos por erradicar los odios y ataques a las comunidades vulnerables que siguen muriendo o viviendo con miedo a la violencia que sufren.
Ban recordó que en Auschwitz más de un millón de personas murieron de manera brutal y sistemática. La mayor parte de las víctimas eran judíos, pero también había disidentes políticos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, homosexuales y discapacitados.
Sin precedentes en la historia, la masacre fue motivada por la perversa ideología racista nazi, que intentó encontrar y matar a todos los judíos y a otros grupos a los que consideraban inferiores, apuntó.
"La humanidad se unió para superar la amenaza nazi. Hoy, estamos de nuevo a prueba. Las minorías en todo el mundo afrontan odios y las tensiones sectarias y otras formas de intolerencia van en aumento…La gente debe unirese para detener los ciclos de discordia y construir un mundo de inclusión y respeto mutuo", subrayó Ban.
Finalmente, el Secretario General reiteró el compromiso de la ONU de proteger a los vulnerables y promover las garantías fundamentales, la libertad y la dignidad de todas las personas, como lo mandan la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

miércoles, 21 de enero de 2015

Baltasar Garzón: La hora de la justicia para las víctimas en Guatemala


La Corte de Constitucionalidad, en su sentencia del 13 de agosto de 2013, estableció que: “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…”. 


De nuevo, y, a pesar de esta contundencia y de la jurisprudencia establecida por tribunales internacionales, en forma constante y reiterada, la sombra de la duda y la amenaza de la impunidad, se cierne sobre las víctimas del genocidio en Guatemala, pretendiendo proteger a uno de sus máximos exponentes, el exgeneral y dictador Efraín Ríos Montt. La valentía de un pueblo y de sus instituciones se demuestra por la contundencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos y por la entereza de los tribunales frente a quienes los desconocen y generan espacios antidemocráticos de vergüenza, corrupción y olvido de la primera y fundamental regla de una democracia, cual es que el poder reside en aquel y que todo abuso debe ser sancionado, antes o después, para garantizar la propia supervivencia del Estado de Derecho.

La rendición de cuentas por el genocidio que sufrió el pueblo ixil en Guatemala a lo largo de su sangrienta guerra civil, y especialmente durante los años ochenta, en los que Ríos Montt dirigió los destinos del Gobierno, es la premisa ineludible para evitar el abismo que se abriría, una vez más, en este país, a modo de incruento golpe de Estado, si la justicia renunciara al papel histórico que le corresponde y no pronuncia su independiente e imparcial decisión.

La amnistía, que es un mecanismo aceptado en ciertos contextos para facilitar el paso de una situación de represión a otra democrática, jamás puede ni debe ser utilizada, so pena de prostituir su verdadero sentido y alcance, para impedir que los presuntos responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, cometidos desde el propio Estado, puedan responder, con todas las garantías, ante jueces independientes. Una democracia autentica, no se puede construir sobre miles o millones de cadáveres, desaparecidos o torturados y quienes propician una salida como esa, están contribuyendo a consumar para siempre la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia, contrariando así los principios mas elementales que como seres humanos nos hemos dado.

La derogación del Decreto de Amnistía 8-86 por Guatemala en el contexto de los Acuerdos de Paz es el último paso para dar concreción legal interna a una norma ya consolidada en la esfera internacional: los responsables de crímenes internacionales no pueden gozar de los beneficios de la amnistía. La razón que fundamenta este principio es que los crímenes internacionales no pueden ser cuestión interna de uno u otro Estado, sino que su persecución, corresponde, bajo la protección del principio de soberanía compartida, a todos los países porque afectan a toda la comunidad internacional y socavan la dignidad de la humanidad en su conjunto. Este valor elemental para la protección de los derechos humanos, es irrenunciable y su reconocimiento es obligatorio para todos los sistemas nacionales que han ratificado los instrumentos internacionales que los reconocen, como es el caso de Guatemala.

Si el 5 de enero de 2015 el nuevo juicio contra Ríos Montt no concluye en una sentencia firme, fundada, libre de obstrucciones, de interferencias y presiones, abierta a su aplicación íntegra, Guatemala será muy poco fiable para sus ciudadanos y mandará a la comunidad internacional un mensaje de desesperanza, de apoyo institucional a la impunidad, a la corrupción, al beneficio personal por encima del bien común, a favor del olvido y de la indiferencia que acabará finalmente con la propia credibilidad del Estado de Derecho.

Es la hora definitiva de la Justicia para perseguir, juzgar a los victimarios y para resarcir y garantizar la no repetición a las víctimas de aquellos crímenes. Ningún juez, podrá afirmar ya que este sistema no es aplicable a este tipo de conductas aberrantes, porque si así lo hiciera, estaría desconociendo, en forma flagrante, el derecho, y contribuiría en forma activa a la impunidad y, por ende, su responsabilidad no podría excusarse. La Justicia, debe exigir su espacio como poder del Estado y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y juzgar, definitivamente, este tipo de conductas como única posibilidad de reivindicarse ante el pueblo guatemalteco y ante el mundo. Por esto, las instituciones encargadas de administrar justicia no pueden olvidar la gran responsabilidad que ostentan, ni deben ignorar que no habrá futuro para una sociedad que no revisa su pasado, que no persigue a sus mayores delincuentes y que no limpia sus heridas antes de cerrarlas. Es así como, a través de la acción de la justicia, se podrá establecer una verdad judicial y hacer sostenible la no repetición de las atrocidades, reforzando el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, si así no sucediera, y Efraín Ríos Mont quedara protegido por el ominoso estigma de la impunidad oficial, el principio de Jurisdicción Universal, en cualquier país, se activaría una vez más, para que aquella, no se instaure definitivamente como norma para proteger a los victimarios.

Madrid a 25 de diciembre de 2014.

Baltasar Garzón Real